El presidente de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, denunció la grave situación que atraviesan los medios de comunicación venezolanos a consecuencia de la ‘hegemonía comunicacional’ instaurada por el actual gobierno. ‘Cuando un régimen empieza a atentar contra la libertad de expresión, está mandando un mensaje muy claro: que no es democrático y que está haciendo cosas turbias que quiere esconder, que no quiere que los medios revelen’, dijo durante su participación en la 45° Asamblea de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), celebrada en El Salvador.
Granier acudió al evento para presentar las conclusiones del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaba al Estado venezolano la devolución de la frecuencia y equipos a RCTV, una de las principales televisoras del país. Fundada en 1953, cesó sus emisiones el 27 de mayo de 2007, luego de que cinco meses antes el entonces presidente Hugo Chávez informara públicamente que no le renovaría la concesión debido a la supuesta posición tomada por RCTV durante el golpe de Estado de 2002.
‘La sentencia delata al Estado venezolano como violador de los derechos humanos y esa violación la señala como individual y colectiva. Además, la corte reconoce que el Estado tiene el derecho de administrar el espectro, pero no puede otorgar ni quitar las concesiones arbitrarias ni caprichosamente. Y también resalta la necesidad de pluralidad, la oportunidad de disentir entre nosotros mismos, de pensar y publicar diferente. Creo que esa es la base fundamental de la democracia, de la República, del respeto entre las personas’, declaró el presidente de RCTV, quien no solo defendió los derechos de los propietarios de los medios y periodistas, sino también la libertad de todos los venezolanos a escoger el medio que deseen para poder informarse.
De acuerdo con el empresario venezolano, el control de los medios por parte del gobierno obedece a un interés claro por evitar la difusión de temas sensibles para la población como ‘la cantidad de homicidios, la impunidad, la escasez lacerante de alimentos y medicamentos o la dependencia del país con el extranjero’. ‘Nosotros vemos que a medida que crece el control sobre los medios, la corrupción es más desbocada. En este momento, muchos políticos, militares y jerarcas del Gobierno venezolano están siendo acusados de tener vinculaciones con el narcotráfico, con el tráfico de armas y de personas, con lavado de dinero. Eso es gravísimo, eso debería ser investigado en Venezuela. Sin embargo, lo que se ha hecho es callar a los medios, perseguir a cualquiera que publique una noticia relacionada con eso y desconocer cualquier decisión internacional. Ellos piensan que de esa manera se protegen, pero la gente se da cuenta del deseo de querer ocultar algo’, manifestó.
Ante sus colegas de la región, Marcel Granier advirtió sobre la posibilidad de que este clima de censura mediática se replique en otros países. Como ejemplo citó a Bolivia, Ecuador, Nicaragua e incluso El Salvador, donde el socialismo es cada vez más fuerte. ‘Las amenazas están muy presentes para toda América Latina, sobre todo ahora con el deterioro terrible que está ocurriendo en las exportaciones y que se ve agravado por los problemas económicos de China. Yo anticipo que viene un deterioro fuerte y los gobiernos no están haciendo nada para evitarlo. Están cuidándose más bien de que los medios no informen, en lugar de estar creando políticas de empleo productivo, de creación de empresas, de fomento de la iniciativa, de la innovación. Para ellos las personas no son importantes, lo que les importa es el modelo que quieren imponer en toda la sociedad’.
Y aunque sabe que de momento el Estado venezolano no acatará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de RCTV, Granier mantiene la esperanza en que al final la libertad de prensa triunfará. Para ello están dispuestos a interponer cuantos recursos sean necesarios ante la misma CIDH o ante Naciones Unidas. ‘El jefe político y militar del partido, el diputado Diosdado Cabello, y el Tribunal Supremo de Justicia dijeron que no iban a cumplir (pero) la decisión de la corte es de carácter obligatoria, no tiene apelación. Este régimen venezolano está tratando de salir de pulso, pero tarde o temprano va a tener que cumplir, concluyó.
