Aunque solo supone el 72% de lo necesario para acabar con la desatención de los Grandes Dependientes y Dependientes Severo (715 millones), el incremento neto de 515 millones supondría alcanzar un total de 1.822 millones de euros de aportación de la Administración General del Estado a la atención a la Dependencia (una estimación del 28% del gasto público total anual).{wbamp-show start}
{wbamp-show end}
515 millones más para la atención a la dependencia, y siempre que los mismos se destinen íntegramente al Nivel Mínimo Garantizado, tal y como se solicitó en el Pacto de Estado por la Dependencia, permitirían:
– Atender a 80.000 Grandes Dependientes y Dependientes Severos, de los 100.000 que actualmente se encuentran desatendidos.
– Generar 18.500 empleos directos en todo el territorio.
Es muy importante que todos los Grupos Parlamentarios tengan en cuenta estos datos a la hora de negociar la aprobación de los PGE para 2019.
En caso de que no fuera posible aprobar los PGE 2019 (es decir con presupuestos 2018 prorrogados) la gravedad del incumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de las administraciones públicas es de tal calado y el consenso político y parlamentario logrado para revertir esta situación ignominiosa es paralelamente tan amplio, que conviene considerar la situación de extraordinaria y urgente necesidad padecida por 275.000 personas dependientes y sus cuidadores/as, de forma que se dé respaldo presupuestario a un incremento sustancial de los importes del Nivel Mínimo en 2019, al menos las cuantías previstas en el Proyecto que ha aprobado el Consejo de Ministros. Hay vías parlamentarias para lograrlo, tal y como se comprometieron a ello los grupos parlamentarios, con una amplia mayoría en la Cámara, al renovar el Pacto de Estado de la Dependencia el pasado 14 de diciembre, en el 12º aniversario de la Ley.
En cualquiera de los escenarios (con PGE 2019 o por una vía excepcional), los incrementos presupuestarios de la Administración Central deberían ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera empezando por los grados más elevados (personas con dependencia severa y grandes dependientes). Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (Limbo), con servicios low cost. Estas fórmulas de compromiso deben debatirse y consensuarse en el Consejo Territorial y aplicarse sobre la financiación del Nivel Mínimo Garantizado.
